Ese fue uno de los lemas más coreados: “A Vale destrói, o povo constrói”. También es el nombre de un proyecto impulsado por el MAB de construir la casa de una familia damnificada de 5 miembros (6). No por asumir la organización, MAB, la construcción de las casas destruidas por el desastre de Mariana y Brumadinho, sino como forma de denunciar que desde que ocurrió el primero el 5 noviembre de 2015, a ninguna familia se le ha restituido su hogar. Estamos hablando, en el caso de Mariana de 362 familias que quedaron sin hogar, después de más de 4 años. Obviamente, además están los miles que quedaron sin agua, sin trabajo por perder sus campos, sus talleres, su pesca; sin fuente de ingresos, etc.
En el caso de Mariana, donde Vale cometió un crimen similar, con 18 muertos, la empresa responsable es la misma (en este caso en consorcio con BHP Billiton, llamado Samarco). Samarco creó una empresa junto a los gobiernos de los estados afectados (Minas Gerais y Espírito Santo) para gestionar a los afectados: la Fundación Renova. Pese a su obvio vínculo, Renova aparecía como un órgano independiente, con lo cual Samarco se puede escudar y evitar críticas por incumplimiento de responsabilidades. Además de no reconstruir ninguna de la casa destruida por el lodo, En el caso de la familia para la que el MAB está construyendo la casa, Renova que todavía no la ha aceptado como afectada,
El plan de asistencia presentado por la Fundación Renova se extiende tan sólo hasta 2025. Aunque sus representantes han indicado que el plan no concluirá ahí, sí que al tener esa fecha augura malos presagios. Además de lo nulo acometido por la fundación en cuatro años y medio de la catástrofe, el río Doçe continua sin regenerar su fauna y ecosistemas, y las tierras sepultadas por el lodo tóxico continúan improductivas, con lo que aquellas familias a las que afectó sus sustento y forma de vida, continúan afectadas, preveyéndose que los daños continúen por muchos años. El dinero destinado por Renova es de 2.537 millones de euros, lo que corresponde tan sólo con menos del 8% de lo que el Ministerio Público Federal (MPF) exigió a las empresas (32 mil millones).
En 2018 Brasil celebró el VIII Foro del Agua internacional (18-23 marzo 2018). Hasta entonces, dos años y medio después, la Fundação Renova no había hecho nada por las víctimas. Sin embargo, entonces la Fundação Renova fue aceptada en el VIII Foro del Agua, que utilizó para mostrar una imagen falsa de preocupación y trabajo con las personas afectadas.
A Vale destrói
Para el MAB la actuación de la Fundação Renova ha sido muy similar aa la de otras empresas transnacionales. Así, MAB ha denunciado que Renova ha gasta más dinero cooptando personas que asegurando efectividad a lo que se gasta.
El 20 de enero 2020 con motivo del 1º aniversario del crimen de Brumadinho, el MAB iba todavía más allá al denunciar en una carta presentada en el Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) que Samarco (y la oficina del fiscal estatal) «ha estado violando más derechos que materializándose». Eso lo dice todo.
En el caso de Brumadinho, el MAB aprendió de esa previa experiencia de Mariana, e impidió que la empresa creara una intermediadora, para así poder negociar directamente con la empresa. Para ello el MAB trabaja también con AEDAS (Asociación Estatal de Defensa Ambiental y Social).
AEDAS fue creada en Minas Gerais para defender los derechos de afectados por represas, ya que en este estado existen más de 400 proyectos. AEDAS representa a 300.000 familias. Uno de los objetivos para la creación de AEDAS fue el negociar con las empresas los derechos de las familias afectadas. El quipo lo componen sociólogos, abogados, ingenieros, geografos y especialistas de otras disciplinas.
Ahora, en este caso, los afectados por la Mina de Córrego do Feijão de Brumadinho fueron los que eligieron a AEDAS como Asesoría Técnica suya1, para garantizar un plan de negociación colectiva, en el caso de la aprobación de las empresas y el inicio de afecciones, con el objetivo de una reparación justa que incluya la vivienda, tenencia de la tierra, medio ambiente, saneamiento, transporte y carreteras, educación, salud, producción agrícola, comercialización, agronegocios, entre otras2. En los últimos diez años, AEDAS ha apostado por promover actividades complementarias a este acompañamiento con proyectos prácticos de agroecología.
La última audiencia fue el 28 de noviembre, y ahora se retomará el caso el 13 de febrero, para la cual AEDAS lo afronta con positivismo porque han resultado completar el trabajo encomendado y además por las buenas sensaciones con sus representados durante las celebraciones del aniversario del crimen.
O povo constrói
Pese a todo esto, la lucha en el plano judicial es muy desigual pues las compañías mineras cuentan con un enorme aparato técnico legal, ya que contratan a numerosas firmas de abogados, lo que a través de la demora de los recursos conduce a demoras en la reparación tanto del medio ambiente como de las víctimas.
La abogada Tchenna Masso, quien también integra la Coordinación del MAB observa que “la Justicia no sabe qué hacer en estos casos”. Tchenna estudia especialmente cómo lograr procesos de justicia cuando el poder corporativo está implicado. Para ella este es un caso emblemático de graves violaciones a los derechos humanos cometidas empresa, pero es difícil juzgar sin un reglamiento internacional. Por eso el MAB ha participado también de la Campaña Global3 para introducir un Tratado Vinculante para las empresas transnacionales en las Naciones Unidas.
Igualmente, gracias a la persistencia del MAB, la Asamblea Legislativa de Minas Gerais aprobó a un mes del crimen de Brumadinho, el 22 de febrero de 2019, una Ley de Seguridad de Represas4. Obviamente la ley llegó tarde pues no pudo evitar este crimen, pese a que 3 años antes la misma compañía protagonizara el de Mariana. Lo ocurrido hacía un mes fue transcendental para esa decisión.
El texto aprobado presenta avances en el campo de la fiscalización de represas y, principalmente, en el proceso de licencias, obligando a las empresas a realizar audiencias pública, y las licencias previas, de instalación y de operación para que se garantice la Licencia Ambiental, y de un plan de desmantelamiento de la represa al final de su historia. Esta ley también prohibe la construcción de nuevas represas como las de Mariana y Brumadinho y proyectos que contemplen represas en las que existan comunidades en su zona de impacto.
Y otra conquista del MAB es que consiguiera el reconocimiento como víctimas del crimen de muchas más personas que las que la Vale y las instituciones querían reconocer, un total de 108.000. Este aspecto se ve empañado porque luego la transnacional decide reducir la cantidad a pagar, o el tiempo. Sí, es todo el tiempo así, utilizando triquiñuelas para pagar menos, y todo el tiempo que obligan a las personas damnificadas, a sus representantes legales y activistas a estar atentas a que no alteren el orden, a defender sus derechos, y que cuando no tienes ni los medios económicos ni técnicos resulta muy difícil. Sin embargo, pese a la importancia de ese logro, el MAB tiene claro que lo que se precisa es una “reparación completa” y siguen demandando y luchando por ello.
Actualmente esas personas reciben una “ayuda de emergencia”, estipulada según su edad, que en el caso de los adultos equivale al sueldo mínimo. Ahora por ejemplo han comenzado a reducir los pagos. Otro de los problemas es que esas indemnizaciones son reducidas en el tiempo pues se contemplaron sólo para el año 2019, pero como después de un año se comprueba, las afecciones y daños van a continuar por mucho tiempo, por no hablar de los daños psicológicos que nunca terminaran de superarse. Ahora también, al terminarse el periodo de pagos establecido. la Justicia ha ordenado que la empresa continue pagando durante diez meses más a 15.000 damnificados. Por otro lado, quedan muchas personas afectadas que no son reconocidos como tal, igual que muchas afeccciones, como por ejemplo las de salud por los tóxicos que ahora al secarse el lodo se volatilizan con el viento, por el consumo de agua contaminada, etc y que no se incluyen en las indeminzaciones.
De igual forma, se ha cesado la “asistencia técnica” que se ofrecía desde las instituciones a la población afectada y el el personal cualificado fue retirado de la zona de la tragedia pese a que la gente sigue con nuevas afecciones, enfermedades y problemas de salud. Las afecciones a la salud inciden notablemente en los menores. Además las personas afectadas ven como se agravan sus posibles soluciones como cuando ya no tienen manera de probar su residencia por carecer de hogar o encontrarse su lugar de morada inhabitable. Como en muchos otros casos de impacto social, se acusa a la persona afectada de fraude, conviritiendo a la víctima en defraudador.
También, como en muchos otros conflictos ambientales con empresas transnacionales, las más afectadas son las mujeres. Por un lado porque la mayoría de las víctimas mortales fueron hombres, trabajadores de la minera, y por otra porque por una vez más recae en ellas la responsabilidad de mantener el hogar y sacarlo adelante económicamente, en todos los casos, con el trauma y todos los efectos psicológicos añadidos de las pérdidas.
A Vale destrói, o povo constrói5
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